Las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones continúan enfrentando una serie de riesgos debido al rol que desempeñan. Investigaciones realizadas por personal de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) establecen que los ataques provienen de actores estatales y no estatales, quienes utilizan diversas modalidades, como amenazas (en persona, vía telefónica, por redes sociales, públicas, por tercera persona, entre otras), intimidación, amenazas de muerte, agresiones físicas o verbales, entre otros. Asimismo, se identificó que en los últimos años se han agudizado los ataques contra personas defensoras de Pueblos Indígenas, de mujeres, población LGBTIQ+, periodistas, juezas, jueces, abogadas y abogados independientes, y personas defensoras de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno.¹
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró entre enero y septiembre de 2019, un total de 402 agresiones, de las cuales 277 eran casos de criminalización y 240 eran casos de difamación; asimismo, hubo 8 allanamientos contra organizaciones, se registraron nueve casos de tortura y 14 asesinatos de personas defensoras, mientras en 2018 se contabilizaron 22 asesinatos.
Las organizaciones sociales que defienden la tierra y el territorio –así como las que abogan por el desarrollo para los pueblos indígenas– han sido las más atacadas, tales como el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y el Comité de Unidad Campesina (CUC). Durante 2018 fueron asesinadas seis personas y en 2019 fueron asesinados nueve.
Es preocupante que, en las denuncias procesadas por UDEFEGUA, se haya identificado que el 74% de las agresiones fue cometido por agentes estatales y el 26% por agentes no estatales.
