A un año que llegó a Guatemala la pandemia Covid19 que tuvo efectos en todas las esferas sociales dejando en la vulnerabilidad a las familias indígenas y campesinas, como repercusiones directas de las acciones que impulsó el gobierno con el argumento de minimizar el contagio de esta pandemia desde recortar los horarios de atención a los mercados municipales y cantonales, suspender el transporte público, limitar las horas de movilidad sin ningún plan de atención a las familias que dependen su alimentación en sus ingresos diarios.
En un escenario representado por la violencia desde la limitación de actividades laborales, económicas y ejercicios de derechos políticos, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) impulsó diversas acciones desde instituciones de tomas de decisión y espacios comunitarios, las cuales ubicamos en tres grandes bloques.
Producción Informativa
Desde que se detectaron los primeros casos de Covid19 en Guatemala, el CCDA realizó conferencias de prensa[1] para pedir un plan de emergencia al gobierno central para el Ministerio de Salud Pública sea quien coordine la atención sanitaria y la gestión de los hospitales provisionales.
Además se impulsó campañas de información tanto en el municipio de Patulul, Suchitepéquez[2] y en la cuenca del Lago de Atitlán[3], con materiales gráficos y radiales con contenido sobre prácticas con las que se puede evitar el contagio de Covid19 dentro y fuera de la casa y en espacios públicos.
Acompañamiento comunitario
El CCDA estuvo pendiente de su base comunitaria, tras declararse los toques de queda que restringió la movilidad desde las 4 de la tarde y movilidad interdepartamental, las comunidades les fueron acabando la comida y en otros casos fueron afectadas por los cordones sanitarios tras detectarse un caso en una familia.
En este caso, se mantuvieron los pronunciamientos constantes sobre la protección de los derechos de la población que estaba bajo las medidas de cordones sanitarios[4]. Paralelo a los pronunciamientos, el CCDA facilitó el acceso de las familias a alimentación básica en la Cuenca del Lago de Atitlán, Suchitepéquez, Quiché, Escuintla, San Marcos, Santa Rosa, Alta Verapaz, Baja Verapaz y otros departamentos. Posteriormente se repartieron pilones para hortalizas en comunidades de la Cuenca y del departamento de Suchitepéquez.
Sin respuesta del Estado a las efectos de la pandemia, a mediados de octubre las tormentas Eta e Iota provenientes del océano Atlántico golpearon la zona norte y noroccidente del país, afectando los departamentos de Izabal, Peten, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché y Huehuetenango. Esta situación provocó en el interno del CCDA plantear acciones para solidarizarse con las comunidades afectadas donde las bases comunitarias de varios departamentos dieron su apoyo para asistir con alimentación, medicamentos, vestuarios a las familias que perdieron sus pertenencias debido a las tormentas.
Iniciativas de Ley y auditoría social
El 23 de marzo de 2020, se presentó la iniciativa de Ley de Reactivación Económica Rural y Atención a crisis alimentaria consecuencia de Covid19, en el que se planteó el acceso equitativo y uso sostenible y medios productivos desde los bienes naturales y servicios ambientales, garantizando programas de para la productividad campesina a través del acceso a la tierra, asistencia técnica; se planteó en la iniciativa un apoyo a familias que perdieron sus cosechas por Q5 mil durante los meses de marzo y abril[5].
Esta iniciativa de Ley se canalizó a través de la bancada Winaq en el Congreso de la República. Pero la junta directiva y las bancadas aliadas al oficialismo incluyeron parte de las demandas en el decreto 12-2020[6] y disminuyó el apoyo a las familias indígenas y campesinas. También se realizaron monitoreos constantes al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Salud Pública y las municipalidades.
En este ejercicio, se asistió a las convocatorias de diversas instituciones en la elaboración es planes de reactivación económica, turística e institucional para acuerpar las acciones planteadas y en otras ocasiones se presentaron propuesta de reactivación.
Manifestación pública
En un contexto de encierro y miedo generado por la poca información respecto a síntomas y formas de contagio y prevención de Covid19, poco a poco la población fue saliendo a las calles a exigir sus derechos hasta los fines de semanas de septiembre que se multiplicaron las convocatorias a la plaza central de la ciudad de Guatemala vinculando demandas entre la poca atención del Estado a la población con la pandemia a otros temas estructurales como la corrupción.
Estas mismas demandas se trasladan a los fines de semanas siguientes con convocatorias moderadas hasta el 21 de noviembre[7] cuando el tema de las protestas era el aumento del presupuesto nacional para el año 2021 sin ninguna respuesta tanto a las crisis de la pandemia y de las tormentas ETA e IOTA, como respuesta del Estado a la movilización sociales se marcó en dos líneas, una, la represión policial parecido a las acciones en las dictaduras militares de los años de la guerra interna y la protección de actores involucrados en la violencia como el Ministro de Gobernación; y dos, la derogar el presupuesto aprobado sin atender las demandas planteadas por distintos sectores sociales.
[7] Transmisión en directo de conferencia de prensa del CCDA desde la Plaza de la Constitución sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas.
[6] Comunicado de Prensa ante las actuaciones de la junta directiva del Congreso con fecha de 26 de marzo de 2020.
[5] Comunicado de Prensa por la iniciativa de Ley, posteriormente materiales gráficos para dar a conocer su contenido.
[4] Comunicación del CCDA por la declaración de cordón sanitario en Patzun, Chimaltenango y Santa Lucía Utatlán.
[2] Materiales que fueron impresos y promovidos por las redes sociales.
[3] Materiales del proyecto Prevención: Conflictos-Atitlán se compartieron en redes sociales.
[1] Conferencia de Prensa realizado el 20 de marzo sobre análisis de la situación de las comunidades indígenas y campesinas.
